A partir del momento en el que, en la ONU, se elaboró la Declaración Universal que los describe, los derechos humanos han sido la referencia para que los países que firmaban dicha declaración adoptasen los principios que permitiesen otorgar a los ciudadanos un mínimo de protección. ¿Podríamos considerar que, en la sociedad actual, caracterizada entre otras cosas por la gran importancia de los circuitos financieros, los ciudadanos deben también tener derechos específicos relacionados con sus ahorros? Desde hace varios años, diferentes asociaciones mundiales intentan establecer un marco de protección de los inversores y, el pasado 28 de abril, se ha dado en este aspecto un gran paso.

LA CIFA Y LA ONU
La Convención de Asesores Financieros Independientes (CIFA), de cuyo comité ejecutivo formo parte (www.cifango.org), es una fundación sin ánimo de lucro con sede en Ginebra que fue creada para reagrupar, en el ámbito mundial, a las asociaciones de asesores financieros independientes con el objetivo de elaborar los principios éticos y el marco de actuación de una profesión que ocupa un lugar preponderante en el sector de los servicios financieros. Desde hace seis años, además de sus múltiples documentos y trabajos de referencia sobre la profesión, la CIFA organiza reuniones anuales en las que se debaten y concretizan los temas más candentes de un sector que, desde hace tiempo, se encuentra en plena efervescencia. Valga como demostración la transposición que todos los países europeos han realizado de la directiva conocida por el acrónimo MiFID, que persigue, entre otras cosas, regular la profesión de asesoría financiera y modificar el marco de la información que hay que dar a los clientes.

Este año, la reunión de la CIFA ha tenido lugar en Praga entre el 28 y el 30 de abril del mes pasado con el lema: “¿Libertad del inversor o protección del consumidor?”, tema cuyo título puede hacer pensar en una contradicción pero que, en realidad, aborda la misma cosa. La reunión en Praga tenía este año connotaciones particulares porque era la primera vez que la CIFA “salía” de Ginebra, dado que unos meses antes la CIFA había sido nombrada como organización no gubernamental para asesorar al Consejo Socio-Económico de la ONU y que altos ejecutivos de este último organismo estaban presentes en la reunión. La razón de la presencia de los altos ejecutivos de la ONU era muy simple: se iba a hacer público el borrador de la Declaración Universal de los Derechos de los Inversores, borrador que pretende ser el equivalente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos… ni más… ni menos…

EL COMUNICADO DE PRAGA
Para que tomemos conciencia de la importancia del evento, hago partícipes a los lectores de Economía 3 del comunicado oficial de la CIFA:
“La CIFA ha organizado en Praga su primer foro, tras haber sido designada por la ONU como organismo asesor de su Consejo Socio-Económico. Para celebrar este evento, la CIFA ha presentado el borrador de la Declaración Universal de los Derechos de los Inversores, equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos. El objetivo de esta declaración es el de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos inversores para que sean reconocidos universalmente, sabiendo que dichos derechos van asociados al uso ético del dinero y a la transparencia de los mecanismos financieros existentes, que deben evitar todo tipo de uso que no revierta en el bienestar de los seres humanos, independientemente de su origen o color.
La CIFA considera que es posible encontrar un equilibrio entre los ciudadanos inversores, los Gobiernos y las entidades financieras para eliminar los errores cometidos hasta ahora, y encontrar el camino del bienestar para todos. La adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Inversores contribuirá, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a mejorar la convivencia entre los ciudadanos del mundo”.

No sé, respetado lector, la sensación que le produce este comunicado. En lo que a mí concierne, le confieso que me produce una sensación doble porque, por un lado, considero que para el bienestar social es imprescindible que los ciudadanos ahorradores se sientan actores, y no espectadores, de lo que se hace con su dinero, y, por otro lado, soy consciente de que no es fácil modificar el papel que, tanto los Gobiernos como las entidades financieras, piensan que los ciudadanos deben tener en el contexto de los servicios financieros.

Aunque todavía no se pueda desvelar “la letra pequeña” hasta que el borrador de la declaración no haya sido debatido y, definitivamente, adoptado por la ONU, sí podemos adelantar que su contenido aborda todos los aspectos relacionados con el uso del dinero, así como una especie de decálogo específicamente dedicado a las inversiones bursátiles. La crisis financiero-económica que estamos viviendo pone de manifiesto, entre otras cosas, la necesidad de modificar la supervisión de las entidades financieras (ver artículo en el número anterior de Economía 3), pero también la evidente desprotección de los ciudadanos en general y de los inversores en particular ante situaciones que les impactan negativamente, sin que sean responsables de las mismas. La Declaración Universal de los Derechos de los Inversores quizá no hubiese podido evitar la crisis que estamos viviendo, pero seguramente que, si hubiese existido con anterioridad, podría haberla mitigado. Por otro lado, esta declaración universal persigue también que tomemos conciencia de nuestros deberes y no solo de nuestros derechos, es decir, que busca el necesario equilibrio que debería existir entre la rentabilidad de la inversión y las consecuencias de la misma para el bienestar social, sabiendo que se utiliza rentabilidad en el amplio sentido de la palabra: rentabilidad dineraria y social.

Por último, el borrador de la declaración objeto de este artículo pone un particular énfasis en el derecho de los ciudadanos a recibir una formación financiera mínima, que les permita no solo comprender los productos que compran, sino también asumir la inherente responsabilidad, siendo autónomos en el uso de sus ahorros, aspecto que me parece básico para un desarrollo equilibrado de la sociedad en general y del sector de servicios financieros en particular.